LA PAZ (AP) — Que la oposición acuse al gobierno es algo habitual en Bolivia, pero que un ministro lance sospechas sobre otros altos funcionarios era impensable hasta ahora en los 11 años de Evo Morales en el poder. El presidente de la poderosa petrolera estatal Guillermo Achá advirtió que no renunciará a menos que se lo pida Morales después de que el ministro de Justicia lo conminara a someterse a una investigación por las presuntas irregularidades en un contrato para la compra de tres taladros por 148 millones de dólares que aún no se ha concretado. Esa es la prueba de que la justicia no se aplica por igual para todos, dijo otro de los denunciantes, el senador Oscar Ortiz del partido opositor Unidad Nacional. Morales salió al paso de las acusaciones cruzadas y en rueda de prensa dijo el viernes que “la oposición se agarra de un tema” para desprestigiar su gestión, pero que en el caso de los taladros “es el gobierno que está investigando” tras detectar “procedimientos sospechosos”.